El año 2025 cerró con una realidad compleja y preocupante en materia de violencia machista. Según los datos anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, recogidos y analizados por Efeminista, España enfrenta una contrasentido: mientras la conciencia social crece y las denuncias aumentan, la concesión de órdenes de protección experimenta un ligero retroceso.
Con un total de 185.188 víctimas y más de 204.000 denuncias, el sistema judicial español registra una media de 507 mujeres agredidas cada día.
La brecha de la protección
Uno de los datos más alarmantes que destaca el informe es la disminución en las órdenes de protección. A pesar de que las denuncias subieron un 2,64 %, las órdenes adoptadas cayeron un 1,22 %. En total, se solicitaron casi 48.000 órdenes de protección, pero solo se concedieron el 68,4 %.
Esta cifra cobra especial relevancia cuando se analiza el entorno de la víctima. Según cita Efeminista, el 43,1 % de las mujeres que solicitaron protección mantenían aún una relación afectiva con su agresor en el momento de la denuncia. Además, el silencio sigue siendo un refugio por miedo o dependencia: 11 de cada 100 víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su pareja.
Menores: Víctimas invisibles
El balance de 2025 pone el foco en una tendencia creciente entre los más jóvenes. El número de menores de edad enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer ascendió a 417, lo que supone un incremento de 75 casos respecto al año anterior. La contundencia judicial en este ámbito es alta, con un 91,85 % de condenas.
Paralelamente, la justicia ha intensificado el uso de herramientas legales para proteger a los hijos de las víctimas:
Se suspendieron 3.911 regímenes de visitas de menores a sus padres maltratadores.
Se retiró la guarda y custodia en 2.583 casos.
Estas medidas responden a la aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, que busca evitar que los menores convivan o presencien entornos de violencia, priorizando su bienestar integral frente al derecho de visita del agresor.
La respuesta judicial
No podemos hablar simplemente de mejorar procesos. Los datos de 2025, extraídos de la crónica de EFE, denuncian una realidad cruda: el sistema está empujando a las mujeres a denunciar para luego dejarlas desprotegidas en el momento de mayor vulnerabilidad.
Mientras las tasas de incidencia en regiones como Baleares (115,8) o la Comunidad Valenciana (92,7) sigan disparadas y las órdenes de protección continúen a la baja, la justicia española estará enviando un mensaje peligroso: que la vida de las mujeres sigue dependiendo más de su capacidad de resistencia que del respaldo del Estado. El sistema no solo llega tarde; en muchos casos, simplemente no llega.
