Jurista de profesión, Dancausa siempre ha estado vinculada a los temas de carácter social y ha desempeñado, entre otros puestos, el de directora del Instituto de la Mujer.
Hace casi 60 años, en 1957, la Unión Europea introdujo en el Tratado de Roma el principio “a igual trabajo, igual sueldo”. La igualdad es, por tanto, uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Desde entonces, se han hecho muchos esfuerzos por alcanzarla. Se ha legislado sobre la igualdad de trato; se ha integrado la perspectiva de género en las políticas públicas y se han adoptado medidas concretas para la promoción de la mujer.
Sin embargo, la igualdad real todavía no se ha conseguido.
Sigue abierta la pregunta sobre las razones por las que, teniendo a las mujeres mejor formadas de la historia, éstas no ocupan más puestos de responsabilidad, o están insuficientemente representadas en algunos sectores de actividad. En España, por ejemplo, más del 60% de los licenciados son mujeres. Y éstas representan el 45% del mercado laboral. Sin embargo, en los puestos de gerencia y dirección hay un 69% de hombres frente a un 31% de mujeres. Y el peso relativo de las mujeres en los consejos de administración no llega al 20%.
Sigue abierta también la pregunta sobre cómo acabar con la brecha salarial de género. Un reciente estudio de Eurostat reveló que en la zona euro, la retribución por hora trabajada es un 16,6% más baja para las mujeres que para los hombres. En el caso de España, el porcentaje se eleva al 19%.
Y sigue abierta la pregunta sobre por qué un 20% de las mujeres europeas sufren o han sufrido malos tratos. En España, a pesar de los indudables avances que se han hecho en este ámbito, el año pasado murieron 54 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, una cifra inferior a la de años anteriores, pero que nos demuestra que tenemos que seguir trabajando en la sensibilización y el refuerzo de la atención a las víctimas.
Por lo tanto, para avanzar en esa igualdad real es imprescindible dar respuesta a todas estas preguntas, actuando desde distintos frentes; empezando por los relacionados con el empleo y la erradicación de la violencia de género.
El empleo es la principal herramienta para luchar contra la desigualdad. Por eso, 7 de cada 10 euros del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que el Gobierno está desarrollando van destinados al empleo y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Medidas como la reducción de las cuotas a la Seguridad Social, el fomento del autoempleo, el reconocimiento expreso de que la titularidad del permiso de lactancia es un derecho individual de todos los trabajadores y no solo de las trabajadoras; la regulación, por primera vez, del teletrabajo; la ampliación de la jornada reducida para padres y madres con hijos de hasta 12 años en vez de hasta 8 como ocurría antes, o la herramienta que permite a las empresas detectar desigualdades en las retribuciones son acciones concretas que progresivamente contribuirán a acabar con la desigualdad. Sobre todo si, en paralelo, se van eliminando otras barreras invisibles, como la cultura del presentismo o el uso de criterios que pueden introducir sesgos subjetivos en los procesos de selección.
El otro gran frente sobre el que hay que actuar es la erradicación de la violencia de género. España cuenta con un programa de lucha contra la violencia de género, que, de forma coherente con la estrategia de igualdad de oportunidades, incide en la educación y la sensibilización, el refuerzo de los servicios asistenciales, la protección del menor, la empleabilidad y un mayor control de los maltratadores. Hay datos que indican que los esfuerzos que se están haciendo en este ámbito están bien orientados, como el hecho de que en 2014 las denuncias aumentaran por primera vez desde 2008 y que también han aumentado las condenas a maltratadores.
La igualdad es un derecho fundamental y no podremos estar satisfechos hasta que no hayamos logrado la plena igualdad real. Una igualdad que, desde mi punto de vista, no es la igualdad de resultados, la que promueven las cuotas, sino la igualdad de partida, que se traduce en otorgar “igual reconocimiento a igual mérito”.
Esta perspectiva implica actuar en ciertas condiciones de partida de los individuos, favoreciendo que todos puedan desarrollar plenamente su talento. No se trata de promocionar la igualdad dando un trato preferencial a unos grupos de personas en detrimento de otros; porque si lo importante es llegar, sin que importen los méritos, estaremos promoviendo la igualdad con actuaciones injustas.
Pienso que es más justo y eficaz apoyar otro tipo de acciones, entre las que se encuentran los programas de promoción de la igualdad e, incluso, determinadas medidas de protección que no suponen preferencia del grupo discriminado con respecto a otros grupos, sino apoyo institucional para reforzar a esas personas que encuentran más obstáculos en el punto de partida.
El camino es largo, pero el esfuerzo merece la pena. Porque fomentar la presencia de la mujer en todos los ámbitos es el mejor modo de avanzar con paso firme hacia un mayor progreso y desarrollo.
Está demostrado que los países donde hay una mayor igualdad de género son más prósperos y competitivos. Y también más democráticos. En democracia, la igualdad no puede ser una simple aspiración, tiene que ser una realidad. Este objetivo puede parecer ahora una utopía; pero a menudo, las utopías de hoy son la realidad del mañana.
Concepción Dancausa Treviño 
delegada del Gobierno en Madrid.
